En 1984 se convocó a una reunión de las representaciones regionales de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para que un señor de apellido Mayagoitia, virtual propietario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), escuchara las propuestas surgidas de las universidades con respecto al proyecto de establecer un sistema de becas especiales para compensar la investigación en todas sus ramas. El proyecto, presentado y discutido oportunamente por las representaciones universitarias, comprendía fundamentalmente lo que es hoy el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), menos algunos cambios menores que se le hicieron posteriormente. Las autoridades de las instituciones de la región centro-sur se reunieron en cada una de las capitales que la componen y a mí, que era secretario general de la Universidad Autónoma de Puebla, se me encargó presentar las conclusiones ante el mencionado señor.
Proponíamos, entre otras cosas, que el SNI no estuviera desligado de las universidades y que fueran éstas, de acuerdo con un reglamento acordado colectivamente, las que distribuyeran las becas o compensaciones. Proponíamos igualmente que todo el personal que se dedicaba activamente a la investigación recibiera la misma cantidad de salarios mínimos por mes, y que se establecieran categorías de compensación diferenciada conforme a la antigüedad de cada persona en su dedicación a las actividades de investigación.
El jefe del Conacyt, después de escucharnos, declaró que las propuestas provenientes de Puebla, Morelos, Guerrero y el Estado de México le parecieron de lo más interesante, pero que no tenía caso opinar más al respecto puesto que el presidente Miguel de la Madrid había firmado el decreto de creación la mañana de ese mismo día, y avisó que las convocatorias estaban por ser emitidas.
Después de un cuarto de siglo, y aunque en ese tiempo se han abierto reducidos canales de comunicación y se han hecho pequeños avances reglamentarios y de representación, se realizó a partir del 5 de mayo pasado el primer congreso abierto a todas las personas que integran el SNI y que desearan exponer sus puntos de vista.
René Drucker Colín, voz autorizada por las funciones de autoridad que ha encabezado desde hace años, tras considerar que en el momento de su creación el Sistema Nacional de Investigadores fue una “buena estrategia”, declaró que hoy es un sistema perverso que no debe basarse “en un sistema de evaluación que cuantifique investigaciones y citas publicadas”.
En la opinión de muchas otras personas, sin embargo, esa perversidad es congénita a un sistema establecido autoritariamente y sin que para hacerlo se tomaran en cuenta el estado de desarrollo de cada especialidad en cada punto del país, las necesidades de ampliar las actividades de investigación en todas las universidades públicas ni los puntos de vista de quienes se especializan en cada rama.
Aunque hace un cuarto de siglo muchos que quedarían clasificados en la categoría más alta no lo vieron, o prefirieron no verlo, las bases de la perversidad inagotable hasta este día fueron, precisamente, las formas definidas desde arriba para las evaluaciones y la asignación de beneficios, así como la intensa competencia que se vino en todas las entidades de la educación superior en donde sobre la calidad de la investigación se inició una carrera por publicar para reunir puntos y conservar la categoría originalmente asignada desde arriba o para ascender en la escala.
Todo esto, sin contar con que los evaluadores suelen evaluar mejor —en componendas de equilibrismo gremial— a quienes son cercanos a ellos y desestiman a quienes no lo son. Hoy es fácilmente verificable —yo mismo lo he hecho en una muestra de 40 currícula revisados— que investigadores de currícula comparables han sido encajonados sin reglas de equivalencia en categorías bajas sin posibilidades de ascenso, mientras que otras personas en condiciones semejantes están más arriba. Me comprometo a publicar en breve los resultados de la revisión que hice de esa muestra.
Y la perversidad original de hace cinco lustros, fortalecida por la costumbre y la burocracia, tenía que desembocar en la prostitución de la que habla Genaro Aguilar. Un diario capitalino consignó el 12 de mayo los siguientes hechos:
La obsesión por “incrementar los números de los logros de la ciencia y la tecnología sin aumentar los recursos, se ha traducido en lamentables vicios… Esas prácticas —en algunas de las cuales se detiene Aguirre—, cada vez más recurrentes en la comunidad científica y en las autoridades evaluadoras, se conjugan con el tráfico de influencias”.
Aquí se habla, más bien, de una corrupción típicamente mexicana que jamás podría dejar indemne a una institución perversa de nacimiento, y de la que no se libran ni las comunidades de las personas más sabias de este país, sea por conveniencia o por omisión. Estos temas exigen un debate más amplio que no debe interrumpirse.
* Antropólogo y lingüista. Investigador de la UNAM y ex consejero de la CDHDF danielcm@servidor.unam.mx
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